Les compartimos un artículo enviado desde Uruguay por Valentina Selios.
Editorial Revista Apolorama.
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Por Valentina Selios
Ley de Caducidad
A Latinoamérica aún le duele la masacre de sus pueblos, de sus culturas, de sus riquezas, de sus autonomías, de su progreso, pero la lucha conjunta, colmada de solidaridad, convicción y amor impidió que lograran destruirnos. Hoy sus herederos tenemos el orgullo y el honor de perpetuarla.
Al igual que nuestros pueblos hermanos del cono sur, Uruguay fue víctima de la Operación Cóndor (plan de inteligencia, imposición y coordinación entre los servicios de seguridad de las dictaduras militares del cono sur de América, Argentina, Chile, Brasil, Paraguay, Uruguay, Bolivia y la CIA)[1] La misma perseguía como fin, combatir y desarticular el simultáneo y heterogéneo ascenso de movilizaciones sociales y políticas opositoras al régimen imp
erante.
La crisis económica, el autoritarismo, las profundas e insostenibles diferencias sociales, entre otras cosas, forjaron en los 60 una comprometida ebullición de movilizaciones sociales. La represión y la muerte, por parte de las Fuerzas Conjuntas (organismo que abarcaba las Fuerzas Armadas y la policía), no tardaron en llegar y precedieron la tragedia.
El 27 de junio de 1973 Juan María Bordaberry, con el apoyo de las Fuerzas Armadas, daba el golpe de estado cívico-militar que finalizará el 28 de febrero de 1985.
Doce años de tortura insaciable, de prisión masiva, de desapariciones que aún no han dejado de ser desapariciones, de exilios con y sin retorno, de destitución. Doce años de búsqueda de oscurecimiento intelectual, social, académico y científico con la intervención en la Universidad. Años de miedo, silencio, de búsqueda de dividuos individuales, egoístas, indiferentes, marginados de su realidad.
Pero también, doce años de resistencia.
El 1986 durante el gobierno de Julio Maria Sanguinetti, el Parlamento aprobó la Ley 15848 de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado. En 1989 se ratifica la ley a través de referéndum, pero es importante aclarar que la aprobación se dio en un contexto de amenazas de desacato y presiones por parte de los militares. Su objetivo fue impedir que fueran juzgados los responsables de las violaciones a los Derechos Humanos durante la dictadura cívico-militar.[2] A partir de lo dispuesto en esta ley el Poder Judicial, perdiendo su autonomía, queda subordinado a la decisión del Poder Ejecutivo que es quien debe determinar qué casos ampara la Ley.[3]
En su artículo 4, la Ley dictamina que el Poder Ejecutivo debe disponer la investigación ante las denuncias realizadas al Poder Judicial para esclarecer los hechos. El cumplimiento de este artículo fue omitido por los gobiernos de turno, hasta el 2005, año en que asume el actual gobierno del Frente Amplio. Éste dispuso la investigación y emprendió la búsqueda de los restos de detenidos desaparecidos.
El 29 de noviembre del 2005, Uruguay recuperaba por primera vez los restos de uno de sus detenidos desaparecidos desde la redemocratización.
El 30 de agosto del 2006, la justicia pudo actuar por primera vez en contra de la impunidad gracias a los avances de las investigaciones, pidiendo el procesamiento y prisión de 10 miembros de la OCOA (Organismo Coordinador de Operación Antisubversivas) por el delito de "asociación para delinquir" y "privación de libertad".[4]
Mucho se ha caminado en este último tiempo en pro de la justicia y la verdad, pero aún falta y el pueblo Uruguayo espera y lucha por ello. Nos duele el atropello, nos duele el deterioro social en cuanto a colectivo y compromiso con él, nos duele cada una de las injusticias que vivieron nuestros compatriotas, nos duele la impunidad de los tiranos, que hayan obstruido y postergado las utopías que nuestras luchas buscaba. Siguen buscando.
Es por esto, que a finales del 2006 surge del pueblo la lucha por la anulación de la Ley de Caducidad, se crea entonces la Coordinadora Nacional por la Nulidad de la Ley de Caducidad (CNNLC). Ésta nuclea los esfuerzos de trabajadores, estudiantes, organizaciones sociales y políticas. Su objetivo es la anulación de los artículos 1, 2, 3 y 4 por considerarlos antijurídicos, mediante reforma constitucional. Es así que el 4 de setiembre del 2007 se lanza la campaña de recolección de firmas.
Nuestra constitución[5] determina que por iniciativa del diez por ciento de los ciudadanos votantes puede llegarse a un plebiscito. Esto sería alrededor de 260.000 firmas. De lograrse dicha cifra de voluntades, el proyecto es sometido a la decisión popular, en la elección más inmediata.
El pasado, por inexistencia de justicia, es aún presente. La juventud es hija de esta masacre de la utopia. Por esto el 21 de diciembre de 2008, en el marco de la organización del Toque por Justicia y Verdad, se conforma el grupo de Jóvenes de la Coordinadora. Creimos profundamente en la necesidad de pelear por esta causa en eso trabajamos. Recorriendo los principales balnearios, recorriendo el Uruguay, puerta a puerta por los barrios, en las ferias, asistiendo a eventos, instalando puestos de recolección, organizando actos de difusión.
Y el día llegó, hoy se entregarán cerca de 300.000 papeletas. Hoy 300.000 voluntades dicen no a la impunidad. Hoy será un día histórico en que los uruguayos llenos de emoción y orgullo reclamaremos lo que nos corresponde: justicia y verdad.
El 25 de octubre los uruguayos y las uruguayas tendrán la palabra para pedir la hora de la verdad.
Al igual que nuestros pueblos hermanos del cono sur, Uruguay fue víctima de la Operación Cóndor (plan de inteligencia, imposición y coordinación entre los servicios de seguridad de las dictaduras militares del cono sur de América, Argentina, Chile, Brasil, Paraguay, Uruguay, Bolivia y la CIA)[1] La misma perseguía como fin, combatir y desarticular el simultáneo y heterogéneo ascenso de movilizaciones sociales y políticas opositoras al régimen imp
erante.La crisis económica, el autoritarismo, las profundas e insostenibles diferencias sociales, entre otras cosas, forjaron en los 60 una comprometida ebullición de movilizaciones sociales. La represión y la muerte, por parte de las Fuerzas Conjuntas (organismo que abarcaba las Fuerzas Armadas y la policía), no tardaron en llegar y precedieron la tragedia.
El 27 de junio de 1973 Juan María Bordaberry, con el apoyo de las Fuerzas Armadas, daba el golpe de estado cívico-militar que finalizará el 28 de febrero de 1985.
Doce años de tortura insaciable, de prisión masiva, de desapariciones que aún no han dejado de ser desapariciones, de exilios con y sin retorno, de destitución. Doce años de búsqueda de oscurecimiento intelectual, social, académico y científico con la intervención en la Universidad. Años de miedo, silencio, de búsqueda de dividuos individuales, egoístas, indiferentes, marginados de su realidad.
Pero también, doce años de resistencia.
El 1986 durante el gobierno de Julio Maria Sanguinetti, el Parlamento aprobó la Ley 15848 de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado. En 1989 se ratifica la ley a través de referéndum, pero es importante aclarar que la aprobación se dio en un contexto de amenazas de desacato y presiones por parte de los militares. Su objetivo fue impedir que fueran juzgados los responsables de las violaciones a los Derechos Humanos durante la dictadura cívico-militar.[2] A partir de lo dispuesto en esta ley el Poder Judicial, perdiendo su autonomía, queda subordinado a la decisión del Poder Ejecutivo que es quien debe determinar qué casos ampara la Ley.[3]
En su artículo 4, la Ley dictamina que el Poder Ejecutivo debe disponer la investigación ante las denuncias realizadas al Poder Judicial para esclarecer los hechos. El cumplimiento de este artículo fue omitido por los gobiernos de turno, hasta el 2005, año en que asume el actual gobierno del Frente Amplio. Éste dispuso la investigación y emprendió la búsqueda de los restos de detenidos desaparecidos.
El 29 de noviembre del 2005, Uruguay recuperaba por primera vez los restos de uno de sus detenidos desaparecidos desde la redemocratización.
El 30 de agosto del 2006, la justicia pudo actuar por primera vez en contra de la impunidad gracias a los avances de las investigaciones, pidiendo el procesamiento y prisión de 10 miembros de la OCOA (Organismo Coordinador de Operación Antisubversivas) por el delito de "asociación para delinquir" y "privación de libertad".[4]
Mucho se ha caminado en este último tiempo en pro de la justicia y la verdad, pero aún falta y el pueblo Uruguayo espera y lucha por ello. Nos duele el atropello, nos duele el deterioro social en cuanto a colectivo y compromiso con él, nos duele cada una de las injusticias que vivieron nuestros compatriotas, nos duele la impunidad de los tiranos, que hayan obstruido y postergado las utopías que nuestras luchas buscaba. Siguen buscando.
Es por esto, que a finales del 2006 surge del pueblo la lucha por la anulación de la Ley de Caducidad, se crea entonces la Coordinadora Nacional por la Nulidad de la Ley de Caducidad (CNNLC). Ésta nuclea los esfuerzos de trabajadores, estudiantes, organizaciones sociales y políticas. Su objetivo es la anulación de los artículos 1, 2, 3 y 4 por considerarlos antijurídicos, mediante reforma constitucional. Es así que el 4 de setiembre del 2007 se lanza la campaña de recolección de firmas.
Nuestra constitución[5] determina que por iniciativa del diez por ciento de los ciudadanos votantes puede llegarse a un plebiscito. Esto sería alrededor de 260.000 firmas. De lograrse dicha cifra de voluntades, el proyecto es sometido a la decisión popular, en la elección más inmediata.
El pasado, por inexistencia de justicia, es aún presente. La juventud es hija de esta masacre de la utopia. Por esto el 21 de diciembre de 2008, en el marco de la organización del Toque por Justicia y Verdad, se conforma el grupo de Jóvenes de la Coordinadora. Creimos profundamente en la necesidad de pelear por esta causa en eso trabajamos. Recorriendo los principales balnearios, recorriendo el Uruguay, puerta a puerta por los barrios, en las ferias, asistiendo a eventos, instalando puestos de recolección, organizando actos de difusión.
Y el día llegó, hoy se entregarán cerca de 300.000 papeletas. Hoy 300.000 voluntades dicen no a la impunidad. Hoy será un día histórico en que los uruguayos llenos de emoción y orgullo reclamaremos lo que nos corresponde: justicia y verdad.
El 25 de octubre los uruguayos y las uruguayas tendrán la palabra para pedir la hora de la verdad.
El invierno duró mas de 30 años, pero la primavera está por comenzar…[6]
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[1] Es.Wikipedia.org/Wiki/Operación_Cóndor
[2] Artículo 1º [...] "ha caducado el ejercicio de la pretensión punitiva del Estado respecto de los delitos cometidos hasta el 1º de marzo de 1985 por funcionarios militares y policiales, equiparados y asimilados por móviles políticos o en ocasión del cumplimiento de sus funciones y en ocasión de acciones ordenadas por los mandos que actuaron durante el período de facto."
[3] [...] “el Juez interviniente en las denuncias correspondientes, requerirá al Poder Ejecutivo que informe, dentro del plazo perentorio de treinta días de recibida la comunicación, si el hecho investigado lo considera comprendido o no en el artículo 1º de la presente ley. Si el Poder Ejecutivo así lo comunicare, el Juez dispondrá la clausura y el archivo de los antecedentes.” [...]
[4] Estos son solo ejemplos de los avances, por más información ver: *Edición completa de la investigación "detenidos desaparecidos" www.presidencia.gub.uy/_web/noticias/2007/06/2007060509.htm. * *http://www.chasque.apc.org/vecinet/ddhhs.htm.
[5] Constitucion de la República Oriental del Uruguay, SECCIÓN XIX, CAPÍTULO III, Artículo 331.
[6] A quien le interese tener más información, la página de la coordinadora es: www.nulidadleycaducidad.democraciadirecta.org.uy
[1] Es.Wikipedia.org/Wiki/Operación_Cóndor
[2] Artículo 1º [...] "ha caducado el ejercicio de la pretensión punitiva del Estado respecto de los delitos cometidos hasta el 1º de marzo de 1985 por funcionarios militares y policiales, equiparados y asimilados por móviles políticos o en ocasión del cumplimiento de sus funciones y en ocasión de acciones ordenadas por los mandos que actuaron durante el período de facto."
[3] [...] “el Juez interviniente en las denuncias correspondientes, requerirá al Poder Ejecutivo que informe, dentro del plazo perentorio de treinta días de recibida la comunicación, si el hecho investigado lo considera comprendido o no en el artículo 1º de la presente ley. Si el Poder Ejecutivo así lo comunicare, el Juez dispondrá la clausura y el archivo de los antecedentes.” [...]
[4] Estos son solo ejemplos de los avances, por más información ver: *Edición completa de la investigación "detenidos desaparecidos" www.presidencia.gub.uy/_web/noticias/2007/06/2007060509.htm. * *http://www.chasque.apc.org/vecinet/ddhhs.htm.
[5] Constitucion de la República Oriental del Uruguay, SECCIÓN XIX, CAPÍTULO III, Artículo 331.
[6] A quien le interese tener más información, la página de la coordinadora es: www.nulidadleycaducidad.democraciadirecta.org.uy
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